Bogotá, 10 mar (EFE).- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, denunció en un informe el aumento de amenazas y el uso de los servicios de inteligencia contra defensores de los derechos humanos en Colombia y el incremento en los casos de violencia sexual.
Estas observaciones están consignadas en el documento anual sobre la situación colombiana de Derechos Humanos, elaborado por ella y que será presentado en el décimo tercer período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebra en Ginebra hasta el 26 de marzo.
Agrega que en Colombia persisten profundas debilidades en varios departamentos para la "plena satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales" que se traducen en una discriminación "de facto y marginación de la población afrocolombiana e indígena".
En el informe, Pillay recuerda que en 2009 se conoció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal) había desarrollado desde 2003 de "manera generalizada y sistemática" actividades "ilegales" contra defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y altos funcionarios del Gobierno, como el Vicepresidente (Francisco Santos)".
Además, dice que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un Relator Especial de las Naciones Unidas y la Oficina en Colombia fueron también objeto de vigilancia. Estas acciones, en muchos casos, tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas, a quienes se consideraba "blancos legítimos" por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales".
Esas acciones, aclara el informe, divulgado en las últimas horas en Bogotá, las habrían realizado "estructuras no formales creadas por los responsables del más alto nivel del DAS".
La relatora señala que "el reto actual es establecer las responsabilidades y circunstancias que facilitaron el desarrollo de estas actividades ilegales por el DAS e identificar a quienes las permitieron y a quienes se beneficiaron de ellas".
En cuanto a la violencia sexual, dicha dependencia de la ONU recibió en 2009 "una cantidad alarmante de información sobre casos de violencia sexual contra mujeres y niñas", atribuidas, entre otros, a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares.
Aclara que en los casos en que miembros de la Fuerza Pública se vieron involucrados, las autoridades militares y judiciales "implementaron medidas adecuadas", pero en otras no fue así.
"Estos casos revelan la necesidad de que la Fuerza Pública adopte medidas firmes, claras y contundentes de "tolerancia cero" frente a la violencia sexual, incluyendo la separación del servicio".
Por su lado, el Gobierno colombiano reiteró hoy que su compromiso es "empeñar todas sus capacidades en procura de continuar avanzando en el logro de la plena vigencia de los derechos que realizan la dignidad humana, las libertades y la no discriminación en Colombia".
A través del documento "Consideraciones del Estado colombiano al Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos", agrega que "las instituciones colombianas toman nota de los retos señalados por el Informe", que coinciden con las políticas del Estado como "la superación de la impunidad, el combate a todos los grupos ilegales y a toda forma de criminalidad".
Y asegura que continúa en sus esfuerzos para desplegar protección a la población frente a los grupos armados ilegales ligados al narcotráfico, la garantía total para el ejercicio de todas las libertades, la prevención y castigo a la violencia sexual.
En cuanto a las actividades ilegales del DAS, "el Estado colombiano reconoce la gravedad de las informaciones y asegura que la Fiscalía General de la Nación, así como la Procuraduría adelantan las investigaciones pertinentes "de manera independiente y autónoma", añade.
