Río de Janeiro, 22 oct (EFE).- El proyecto en discusión en el Congreso para reformar el Código Forestal, que ha suscitado acalorados enfrentamientos entre ambientalistas y hacendados en Brasil, ha sido un tema ausente en la campaña de los dos candidatos que aspiran a la Presidencia en las elecciones del 31 de octubre.

Tras décadas de debate sobre el relegado Código Forestal creado en 1965, una comisión especial del Congreso brasileño aprobó el pasado 6 de julio un proyecto de ley para reformarlo, que es considerado una catástrofe por los ecologistas y defendido por los hacendados que desean más tierras de cultivo.

Esa discusión ha sido ignorada por los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta de las presidenciales, la oficialista Dilma Rousseff y el opositor José Serra, pese a las presiones de las organizaciones ecologistas para que frenen la alteración.

Ni la disputa por los votos que obtuvo la senadora Marina Silva, la candidata del Partido Verde y respetada líder ecologista que fue la tercera más votada en la primera vuelta de las presidenciales (19,6%), hizo con que Rousseff o Serra se pronunciaran sobre la reforma al Código Forestal.

La candidata apoyada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se abstuvo de manifestar su opinión esta semana cuando, en un acto en el que recibió el respaldo de algunos dirigentes del Partido Verde, fue blanco de una manifestación de la organización ecologista Greenpeace en la que se le pedía que detenga la reforma.

Silva, ex ministra de Medio Ambiente de Lula, declaró su "neutralidad" frente a los dos postulantes en la segunda vuelta después de haber asegurado que intentaría negociar su apoyo al que se manifestara contrario a la reforma.

Con su vista en los casi 20 millones de votantes del Partido Verde en la primera vuelta, Rousseff, abanderada del Partido de los Trabajadores (PT), presentó esta semana una lista de 13 compromisos medioambientales, y asumió la responsabilidad de vetar los artículos más polémicos del proyecto de ley ,pero no el texto entero.

Serra, candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ha tenido más dificultades en asumir abiertamente las condiciones de Marina Silva debido a que cuenta con un apoyo importante entre el sector agropecuario de Brasil, uno de los países con mayor exportación agrícola del mundo.

Los candidatos han expresado en varias ocasiones su deseo de aplazar la discusión sobre el Código Forestal hasta después de la investidura, el 1 de enero de 2011.

Aunque los ecologistas prefieren prolongar el debate, los defensores del sector agrícola en el Congreso quieren colocar en votación la propuesta poco después de la segunda vuelta electoral.

Aprobado en una primera fase por 13 votos a cinco, el polémico documento plantea 11 enmiendas a la ley que establece, entre otras normas, los derechos y responsabilidades de propietarios de tierras rurales en Brasil.

Una de las propuestas que más polvareda ha levantado es la que perdona las multas a propietarios que desforestaron y degradaron ilegalmente su territorio entre 1998 y 2008.

Según los redactores del texto de 274 páginas, el objetivo de la reforma es sacar de la irregularidad a 90% de las propiedades rurales y privadas del país, que se encuentran en un limbo legal por falta de claridad y adhesión a las normas.

Otro de los puntos que más preocupa a las organizaciones ecológicas es la que afecta a las Áreas de Protección Permanente y en particular a las ubicadas en los márgenes de los ríos.

El borrador propone reducir la protección legal de las áreas boscosas en las márgenes desde los actuales 30 metros del río hasta 15 metros, con la posibilidad de llegar incluso a 7,5 metros, dependiendo de la legislación regional.

Alarmados por estas propuestas y por la falta de reacción de los candidatos, doce ONG ecológicas, entre ellas Greenpeace, redactaron una encuesta de siete preguntas dirigida a los principales candidatos que disputaron la primera vuelta, para poder conocer la posición de cada uno sobre la reforma.

Las respuestas, hechas públicas por las organizaciones, fueron relativamente unánimes y vagas: todos se manifestaron en contra de la amnistía a los propietarios que desforestaron áreas prohibidas, que según Greenpeace representa una renuncia fiscal de 8.000 millones de reales (unos 4.700 millones de dólares).

Aparte de esta respuesta y de algunas declaraciones sueltas, los dos postulantes a presidente en la segunda vuelta han mantenido en un perfil bajo sus posturas sobre el medio ambiente.