Bogotá, 22 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se declaró hoy preocupado por las amenazas a defensores de derechos humanos de la Oficina de Washington para Latinoamérica (Wola, por su sigla en inglés) y reiteró el compromiso de su Gobierno para protegerlos.
Un comunicado difundido hoy por el Ejecutivo en Bogotá alude a esas amenazas, y señala que Santos y el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, manifiestan "su profunda preocupación por estos hechos y reiteran su intención de fortalecer la política de protección a los defensores de los derechos humanos".
La Presidencia de la República, añade el texto, "ha pedido a las autoridades que estos hechos sean investigados a profundidad y ratifica su compromiso de garantizar el libre ejercicio de las actividades de estas organizaciones".
Tanto Wola como la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), entre otras 60 organizaciones, han denunciado en las últimas semanas amenazas de muerte proferidas por un grupo criminal en su contra.
Un comunicado de Wola de esta semana da cuenta de estas intimidaciones que les fueron enviadas por correo electrónico y firmado por el grupo paramilitar colombiano Águilas Negras.
Un correo amenazante advirtió a estas organizaciones de que "ha llegado el momento de acabar con todos ustedes (...), considérense muertos" y puntualizó: "tenemos la intención de exterminar a los líderes, los que hacen obstáculos con protestas, reuniones y eventos".
Wola manifestó su preocupación tras haber recibido anteriormente amenazas similares, en mayo y en junio pasados, y después del asesinato, el 17 de julio, del activista Jair Murillo, en el puerto de Buenaventura, sobre las costas del océano Pacífico.
En el comunicado de este viernes, el Gobierno colombiano "exhorta a la comunidad, a las víctimas y a los defensores de derechos humanos a denunciar este tipo de amenazas con el único ánimo de garantizar plenamente su vida y el necesario desempeño de su labor".
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) han pedido en varias ocasiones al Gobierno colombiano la adopción de medidas para garantizar la seguridad de las comunidades afrocolombianas, indígenas, desplazados internos, defensores derechos humanos y sindicalistas.
