Washington, 25 oct (EFE).- El Estado hondureño muestra una "absoluta falta de voluntad" a la hora de proteger a las personas protegidas con medidas cautelares, especialmente después del golpe de Estado de junio de 2009, denunciaron hoy varias organizaciones.

Las asociaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas el Centro por la Justicia y el derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) denunciaron hoy esta situación ante la CIDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) utilizó el mecanismo de medidas cautelares para proteger la vida e integridad de cientos de hondureños en respuesta a los actos de hostigamiento sufridos por personas que se opusieron al golpe de Estado.

En una audiencia del 140 periodo de sesiones de la CIDH, estas organizaciones, que representan a 197 beneficiarios de medidas cautelares, dijeron que "se han profundizado" las deficiencias a consecuencia del golpe de Estado ante la ausencia de un mecanismo eficaz.

Kenia Oliva, de (COFADEH) afirmó que la respuesta del Estado hondureño sigue siendo coyuntural y es "incapaz" de dar una respuesta oportuna a los beneficiarios de las medidas de protección.

Destacaron la ausencia de criterios de evaluación de los riesgos en cada caso específico, la falta de coordinación, de investigación, de personal especializado, la impunidad persistente y la existencia de tan sólo tres medidas de protección: escoltas personales, patrullas y teléfonos de enlace, todas "ineficaces", subrayaron,

Un obstáculo adicional es que la mayoría de los beneficiarios son personas que se han opuesto al golpe de Estado y por tanto hay una "falta de confianza en las instituciones" hondureñas.

Mery Agurcia, de COFADEH, explicó que en lo que va de año, de las personas beneficiadas con medidas cautelares, dos han sido asesinadas, tres han sufrido atentados criminales, 25 siguen siendo objeto de amenazas y hostigamientos y nueve han tenido que abandonar el país con sus familias ante la inacción del Estado.

"Ha sido imposible identificar a los autores y los casos siguen en impunidad", lamentó.

"En la práctica hay una falta de voluntad absoluta del Estado para cumplir con su deber de proteger la vida de las personas en riesgo", argumentó.

"El riesgo para estas personas es persistente, real y evidente", sostuvo Marcia Aguiluz, de CEJIL.

Por parte del Estado hondureño, Kelvin Aguirre, de la Unidad Especial de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, dijo que ante la gran afluencia de medidas cautelares en el contexto del golpe se creó en marzo el ente en el que trabaja y en el ámbito nacional se creó una unidad investigadora adscrita a la Fiscalía.

Dijo que el presidente Porfirio Lobo, que asumió el poder en enero pasado, ha hecho "esfuerzos sustanciales". Ha concedido 53 medidas cautelares, que incluyen a ex miembros del gabinete del derrocado Manuel Zelaya.

El presidente de la CIDH, Felipe González, indicó que en Honduras faltan en general investigaciones de violaciones de los derechos.

"El número de personas imputadas es muy pequeño y prácticamente inexistente la sanción de los autores cuando ya han pasado 16 meses desde el golpe de Estado", afirmó.

Dijo que en Honduras hace falta un buen diseño de las políticas para implementar las medidas cautelares, pero también se deben asignar suficientes recursos y personal para ello, dado que solamente dos personas se encargan del trabajo operativo, según él.

"Es indispensable realizar un fortalecimiento cualitativo y cuantitativo del trabajo del Estado en materia de medidas cautelares", destacó.