Washington, 25 oct (EFE).- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denunció hoy ante la CIDH presuntos casos de "violaciones sistemáticas" de los derechos humanos por parte del Estado paraguayo, como torturas y ejecuciones extrajudiciales.
En declaraciones a Efe, el coordinador jurídico de la organización, Juan Martens, explicó que en la audiencia privada que se celebró hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 140 periodo de sesiones, Codehupy presentó 44 casos que se registraron durante los últimos dos años.
De esos casos, 14 eran de ejecuciones extrajudiciales. Se cometieron presuntamente en distintos contextos, como desalojos forzosos, allanamientos de morada, persecuciones a supuestos delincuentes y en cárceles, según Martens.
"Denunciamos que el Estado mantiene una práctica sistemática de tortura, de ejecuciones extrajudiciales y de impunidad en estos casos, afirmó el coordinador jurídico de Codehupy.
El portavoz de esta organización recalcó que la audiencia no giró en torno al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo de extrema izquierda que, según las autoridades, recibió adiestramiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sino sobre la seguridad y los derechos humanos en Paraguay.
"Alguno (caso) sí se refiere a la persecución de presuntos integrantes del EPP, pero solamente uno de tantos casos", explicó.
Codehupy, dijo, ha sido señalado como brazo judicial del EPP por parte del ministro del Interior, Rafael Filizzola", en un noticiario del 22 de enero, cuya copia se entregó a la CIDH, señaló Martens.
"Lo que decimos es que el EPP es un grupo armado ilegal al margen de la ley que debe ser investigado y procesado y nosotros no somos el brazo armado del EPP sino defensores de derechos humanos", insistió.
Es más, sostuvo, "queremos que sean detenidos y llevados presos si cometieron delitos", afirmó.
En la audiencia, en la que representaron al Estado paraguayo el ministro del Interior, Rafael Filizzola, y el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, ambas partes disponían de 18 minutos para exponer sus argumentos, seguidos de una ronda de preguntas y respuestas de los comisionados de la CIDH.
Por parte de la Comisión estaban en la reunión el presidente de turno, Felipe González, y los comisionados María Silvia Guillén y José de Jesús Orozco, según Martens.
La organización aprovechó su tiempo para presentar a la CIDH las estadísticas sobre los casos.
Entregaron vídeos y fotografías de personas torturadas, en especial de un caso reciente, en el que fue víctima un niño de 14 años, explicó.
"La idea era llamar la atención al Gobierno de Paraguay sobre su política de seguridad", afirmó Martens.
De acuerdo con esta fuente, el ministro del Interior no se refirió en la audiencia a las denuncias presentadas por Codehupy, sino que dijo que "heredó una policía stronista", en referencia al régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989) y que "está haciendo esfuerzos", indicó Martens.
El fiscal general del Estado, por su parte, reconoció las deficiencias en la investigación de los hechos de tortura y también que hay un problema cuando los fiscales de derechos humanos que investigan torturas también indagan en delitos comunes, de acuerdo con Codehupy.
Se comprometió a iniciar un proceso de fortalecimiento de la unidad correspondiente, según esta fuente.
Los comisionados expresaron su preocupación por "el clima de hostigamiento y coacción que denunciamos los defensores en Paraguay", agregó Martens.
