Washington, 26 oct (EFE).- Kin Mui Chan, la esposa del ciudadano chino Wong Ho Wing, que podría ser extraditado de Perú a China, afirmó hoy ante la CIDH que el detenido sufriría una "ejecución sumaria" en el país asiático y pidió por ello su pronta liberación.

En una audiencia del 140 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitada por el Estado peruano para defender la procedencia de la extradición de Wong Ho Wing, la esposa advirtió de que en China no se le respetarían sus derechos ni garantías judiciales si finalmente es extraditado.

El caso, que se encuentra en etapa de admisibilidad ante la CIDH, ha llegado a las más altas esferas gubernamentales en Perú, cuyos tribunales han declarado procedente la extradición de Wong Ho Wing a China, que lo solicita por delitos de defraudación tributaria, contrabando, lavado de dinero y soborno.

No obstante, el detenido y su abogado, Luis Lamas Puccio, alegan que por esos delitos podría ser sentenciado a pena de muerte en China y afirman que las garantías otorgadas por Pekín a Perú de que no se le aplicará esa condena no son suficientes.

La CIDH otorgó en marzo del año pasado medidas cautelares a Wong Ho Wing, detenido desde octubre de 2008 en Perú.

Mientras, en mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) requirió al Estado peruano que se abstenga de extraditar a Wong Ho Wing hasta el 17 de diciembre próximo para permitir a la CIDH examinar y pronunciarse sobre el caso.

De acuerdo con la esposa del acusado, Wong Ho Wing es un hombre de negocios de Hong Kong que vivía en EE.UU. desde 1998, donde se revisó todos sus antecedentes.

"No sé por qué se le acusa ahora de contrabando, viajaba a menudo entre Estados Unidos y Perú y nunca tuvo ningún problema", señaló Kin Mui Chan, quien estuvo acompañada de sus dos hijas, de dos y cinco años.

"Espero que la CIDH pueda ayudar a mi esposo a ser liberado muy pronto", destacó.

Durante la lectura de una carta, consideró que el Gobierno chino tiene "la capacidad de influir en la decisión de las cortes y departamentos legales" de Perú, y consideró que el caso "ha sido manipulado" por el Ejecutivo bajo una "influencia política muy grave".

"No hay forma de que pueda ser juzgado con justicia si le deportan. No tendrá garantías, será ejecutado sumariamente. Se sabe que China no respeta los derechos humanos", señaló.

"Si ni tiene un juicio justo por las influencias chinas en Perú, que es una democracia, ¿cómo puede tenerlo en China?", preguntó.

El presidente de Perú, Alan García, decidirá en última instancia sobre la extradición.

El abogado Lamas Puccio alega que el trámite de extradición no ha cumplido con los requisitos legales y ha presentado irregularidades, y precisó que debió haber sido declarado improcedente por la Corte Suprema porque no garantiza los requisitos mínimos de debido proceso y puede resultar en la pena de muerte.

En Perú, dijo Lamas Puccio, se han tomado decisiones que favorecen "abierta y descaradamente" a China.

El abogado pidió a la CIDH que exhorte al Estado peruano a no extraditar al detenido.

La procuradora pública especializada supranacional Delia Muñoz, por contra, pidió a la CIDH que declare inadmisible el caso porque no cumple los requisitos, alegó.

Existen procesos pendientes en Perú con los recursos idóneos, y la solicitud del ciudadano chino es "infundada" porque no se ha vulnerado el debido proceso, las garantías procesales, la integridad física y el derecho a la vida, señaló.

Muñoz solicitó a la CIDH que declare que el proceso de extradición "cumple el debido proceso y las garantías judiciales".