Montevideo, 1 nov (EFE).- La inconstitucionalidad de la ley que impidió juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados durante la dictadura (1973-1985) decretada hoy por la Suprema Corte de Uruguay complicó aún más la polémica iniciativa oficialista de suprimirla en el Parlamento.

El Alto Tribunal declaró inconstitucional esa ley de forma unánime para una causa abierta contra el ex presidente de facto Juan María Bordaberry por la muerte de 20 personas y a partir de ahora podrá ser investigada por la Fiscalía y los tribunales sin que las personas que participaron en los hechos gocen de ninguna protección.

Esta resolución se produce en mitad de un agrio debate entre el oficialista Frente Amplio (FA) y la oposición, después de que el partido de gobierno impulsara en el Parlamento una ley que pretende dejar sin efecto la Ley de Caducidad, pese a que esta fue aprobada por la ciudadanía en dos comicios en 1989 y en 2009.

La ratificación de la Ley de Caducidad en el referéndum del año pasado, que coincidió con las elecciones presidenciales en las que venció el ex guerrillero tupamaro José Mujica, fue un golpe muy duro para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y sindicatos, los principales detractores de la medida.

El FA justifica la nueva ley, que ya fue aprobada por los diputados y espera su ratificación en el Senado, precisamente por una sentencia de la Corte Suprema que en octubre de 2009 la declaró inconstitucional para aplicarse en el caso del asesinato en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.

La iniciativa legislativa pretende que los tribunales uruguayos consideren protegidas por la Constitución todas las normas internacionales de defensa de los derechos humanos suscritas por el país, para que la Ley de Caducidad sea declarada inconstitucional de forma automática y por lo tanto hacerla inaplicable.

Sin embargo, los opositores a este proyecto, entre los que se encuentran los ex presidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Jorge Batlle (2000-2005), acusan a la propuesta de ser "un agravio a la ciudadanía" que aprobó la norma y un ataque a la "institucionalidad del país".

Además, los defensores de la Ley de Caducidad aducen que, si la norma se aplica correctamente, es posible llevar a los violadores de los derechos humanos ante la Justicia, como demuestran la decisión sobre el caso de Sabalsagaray y la adoptada hoy sobre Bordaberry.

El tema también divide a la propia coalición de izquierda, que pese a gozar de la mayoría parlamentaria en ambas cámaras se ha topado con el rechazo de al menos tres de sus senadores, que se han manifestado en contra del proyecto.

Si al menos dos de los senadores "rebeldes" votan en contra, el objetivo de la izquierda de dejar sin efecto la Ley de Caducidad fracasará.

La Ley de Caducidad obliga a que tanto el Gobierno como la Corte Suprema autoricen cada investigación judicial que se inicie sobre los crímenes cometidos por uniformados en ese período, algo que no había ocurrido hasta que la izquierda asumió el Gobierno en 2005, bajo la Presidencia de Tabaré Vázquez.

Precisamente, la misma Suprema Corte que hoy declaró inconstitucional esta norma se pronunció a favor de la misma en 1988.

El expediente que ahora podrá ser investigado corresponde a una denuncia de diversas organizaciones de derechos humanos que acusan al ex dictador Bordaberry de tener responsabilidad en la muerte de 20 personas bajo su gobierno.

Bordaberry, de 81 años y que gobernó constitucionalmente entre 1972 y 1973 y luego como presidente de facto entre 1973 y 1976, ya fue condenado el año pasado a 30 años de prisión por atentar contra la Constitución y a otros 30 por el asesinato de 14 personas desaparecidas bajo su mandato.